Socioambiental


12 junio, 2020

ARGENTINA.POBREZA Y COVID-19




           

      Por Revista La Vena



    Entiendo, técnica y científicamente, que es posible retornar al trabajo si se toman determinadas precauciones para evitar el contagio con CORONAVIRUS COVID-19 y los argentinos somos responsables de cuidarnos. Es urgente resolver el problema de la pobreza que es más letal e indigno.

    En la Argentina viven 18 millones de pobres y de estos 1,6 millones son indigentes. Pero los excluidos son muchos más: 5 millones de personas no tienen las necesidades básicas satisfechas; el 9,1% son desocupados; el 47% de la población que no alcanzó el nivel primario completo; 639.621 personas analfabetas; 499.467 jóvenes nunca concurrieron a un establecimiento de enseñanza formal; 648.845 hogares que viven cerca de basurales; 1.141.444 de los hogares están ubicados en zonas inundables; 27,8% de las personas carecen de vivienda propia, tienen viviendas precarias o viven hacinados; otros carecen de elementos de calefacción en zonas frías; 4.324.622 personas viven en viviendas con servicios de provisión de agua y desagüe insuficiente; 2,6% viven en hogares sin baño; 16,1% de los hogares no cuentan con agua de red pública para beber y cocinar; numerosos argentinos no tienen cobertura médica para atender sus enfermedades, no disponen de recursos para pagar los medicamentos y deben concurrir a servicios públicos que les otorgan turnos de atención para varios meses después; numerosos sufren de enfermedades crónicas derivadas de la falta de políticas sanitarias o medidas de saneamiento ambiental del Estado; personas discapacitadas no cuentan con los establecimientos de educación o de sanidad especializados; menores embarazadas o madres solteras no cuentan con el apoyo económico y psicológico adecuado; numerosos ancianos son recluidos en geriátricos lamentables, porque el apoyo económico del PAMI, IOMA y otras instituciones, es absolutamente insuficiente para atender adecuadamente a los adultos mayores; menores están internados en Institutos a la espera de ser adoptados; otros argentinos padecen trastornos debido al consumo de psicotrópicos; esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y delirantes; los alcohólicos; los que sufren enfermedades terminales sin ningún apoyo psicológico o padecen de enfermedades raras con serias dificultades para disponer del tratamiento específico o genéticas que no pueden evitar; los que sufren discriminación por su orientación sexual, obesidad, estéticas u otras razones; los que sufren bullying; los reclusos en cuya prisión están hacinados y sin posibilidad de recibir la instrucción y el apoyo necesario para la reinserción en la sociedad, etc. Pero, también, son excluidos los que por su disponibilidad económica o educación no pueden acceder a las expresiones culturales y artísticas, a la tecnología o los que no están motivados para la lectura, la música o el conocimiento de otros idiomas que les permita acceder al mundo con mayores probabilidades y lograr un mayor bienestar espiritual, social y económico.

    Los que sufren por no poder alcanzar un «estado de completo bienestar físico, mental y social».

    Nos hemos cansado de escuchar en foros que para tal año aseguraríamos los derechos de las personas, reduciríamos el hambre y garantizaríamos el acceso al agua. Han pasado más de 70 años de las primeras declaraciones de buena voluntad y, en ese tiempo, han contraído enfermedades y muerto millones de personas.

    En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos afirmaba en su artículo 25º que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación…». En 1966, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11º se afirmó: «el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre. Este derecho a la alimentación tiene incluso el carácter derecho fundamental. Es el primer derecho económico de la persona humana».

    En 1973 la FAO inscribió por vez primera el concepto de seguridad alimentaria en el orden jurídico internacional y en 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena, promovió «la necesidad de garantizar a todos el disfrute de un auténtico derecho a la alimentación».

    En 1995 en Copenhague se celebró la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague, donde se expresó el decidido empeño en la lucha contra el hambre y la erradicación de la pobreza.

    En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en 1996 en Roma, el presidente de la República Italiana Oscar Luigi Scalfaro, entre otras cosas manifestó: «Se trata de una Asamblea política que quiere afrontar un problema humano gravísimo, en el que la justicia está sometida a una dura prueba: el problema de los que tienen suficientes medios de vida, quienes no los tienen, de quienes pueden derrochar y derrochan y quienes mueren de hambre y desnutrición. Hoy, pues, en la primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno dedicada al tema de la seguridad alimentaria…”

    El Secretario General de las Naciones Unidas Boutros-Ghali en la misma Cumbre expresó: «el problema del hambre no es sólo una cuestión económica, social o política, sino también una cuestión ética y moral. Porque el hambre es un atentado directo no sólo contra la integridad física de la persona humana, sino también contra su dignidad misma. El hambre es un insulto a los valores fundamentales de la comunidad internacional…”

    La propuesta en octubre de 2001 del entonces candidato a presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva del Proyecto Fome Zero expresó la voluntad de «transformar en prioridad nacional el tema del hambre y abordarlo desde la acción planificada y decisiva del Estado, impulsada por la participación social. Con la victoria en 2003 se transformó en la principal estrategia gubernamental a partir de la cual orientar las políticas económicas y sociales, y se inició la implementación del Programa Fome Zero bajo la coordinación del Ministerio Extraordinario de Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre, a partir de un gran esfuerzo jurídico de elaboración de los instrumentos de la política de seguridad alimentaria. Entre estos, la creación del Programa Tarjeta Alimentación, destinado a la compra de alimentos por parte de las familias, que permitió unificar las transferencias de renta a las familias en situación de inseguridad alimentaria y nutricional».

    En el 2015 venció el plazo impuesto en el 2000 en las Naciones Unidas por los gobiernos, entre ellos el argentino, para reducir en un 50% del hambre. El plazo se cumplió y, el drama crece, mueren y viven en la exclusión millones de personas y, aumenta el número de refugiados.

    Los gobiernos argentinos han incumplido sus obligaciones y la ley: la Constitución Nacional en su artículo 41º indica que «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano…» y en el artículo 42º establece que «los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a condiciones de trato equitativo y digno», para lo cual «Las Autoridades proveerán a la protección de esos derechos… ». En el Capítulo IV artículo 75º inc. 23, se da facultades al Congreso para «Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos…», donde el alimento y el agua -elementos indispensables para la vida- deben estar al alcance de todos, sin discriminación, para asegurar el desarrollo del hombre y la mujer, y garantizar su salud y la de su familia.

    Este Derecho Constitucional no es una dádiva. No puede ser confundido con una dádiva.

    Y ello, se agrava en nuestro país, porque, insólitamente, aunque nos sobran alimentos para exportarlos, nos faltan para que los consuman las poblaciones vulnerables de nuestro país. Es doblemente indigno que un país con recursos alimenticios tenga ciudadanos desnutridos, con hambre, expuestos al mal desarrollo físico e intelectual. Una vergüenza nacional. Representa, como diría, Bernardo Kliksberg, un verdadero escándalo ético.

    Pese, a que hay que destacar el trabajo encomiable que realizan numerosas ONGs para paliar el hambre en la Argentina, tratando de cubrir las carencias nutricionales de las personas más vulnerables, supliendo la obligación del Estado de generar trabajo para que se cumplan aquellos versos de José Hernández: «debe trabajar el hombre para ganarse su pan»; es indigno, que hombres, mujeres, niños y ancianos deban recibir un alimento de subsistencia como una limosna y no como un derecho previsto en la Carta Magna, hasta tanto se les provee un empleo a todos los conciudadanos, conforme a las capacidades e incapacidades que el propio Estado ha provocado con sus políticas de educación, salud y desarrollo nacional.

    Ya me he referido al Plan de Alimentación que lleva el gobierno nacional a través del otorgamiento de una Tarjeta Alimentaria, la que, si bien es un importante paliativo, su aplicación -a mi entender- debiera reformularse, porque se limita a ser asistencial, concentra las compras en los grandes supermercados y no provoca el desarrollo productivo e industrial de la pequeñas y medianas empresas (PYMES) para generar nuevas fuentes de empleo.

    El Papa Francisco en el apartado 49 de la Encíclica Laudato Si’ «El Cuidado de la Casa Común nos dice: «Quisiera advertir que no suele haber conciencia clara de los problemas que afectan particularmente a los excluidos. Ellos son la mayor parte del planeta, miles de millones de personas. Hoy están presentes en los debates políticos y económicos internacionales, pero frecuentemente parece que sus problemas se plantean como un apéndice, como una cuestión que se añade casi por obligación o de manera periférica, si es que no se los considera un mero daño colateral. De hecho, a la hora de la actuación concreta, quedan frecuentemente en el último lugar. Ello se debe en parte a que muchos profesionales, formadores de opinión, medios de comunicación y centros de poder están ubicados lejos de ellos, en áreas urbanas aisladas, sin tomar contacto directo con sus problemas…».

    El Cuidado de la Casa Común es indelegable, aumenta la degradación de los pueblos el solo exponer a terceros a su exclusión social y, deja de manifiesto, la incapacidad del gobernante para iniciar un camino esforzado y sostenido, destinado a poner fin -definitivamente- a esta vergüenza.

    Cuidémonos del Coronavirus y aprestémonos a resolver definitivamente el problema de la pobreza que, con el avance de la tecnología, será creciente, si no buscamos nuevas formas de generación de empleo.

    Autor:Dr. César Augusto Lerena

    El artículo debió ser resumido por razones de espacio.

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