Las democracias están débiles en América Latina, por ello las derechas, los ultracoservadores y los medios masivos de comunicación confunden y someten a las mayorías populares.
Una forma de mejorarla es la Evocación de mandatos. Es decir poner en consideración la conducta de un político ante las sospechas de corrupción.
Revocación de mandato en México: participación ciudadana contra la ingobernabilidad
La consulta ciudadana llegó para quedarse en México. Si bien no significa una plena participación en el diseño e implementación de políticas públicas, sí es un avance en el combate a la impunidad de los gobernantes.
El domingo 10 de abril de 2022 se celebrará en México, por vez primera, una consulta de revocación de mandato, instrumento democrático en un régimen presidencial, en que los ciudadanos cuentan con la posibilidad de destituir ―mediante el voto― al presidente constitucional antes de que concluya su período gubernamental establecido. Tres consultas ciudadanas nacionales han sido convocadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dos de ellas antes de iniciar su gestión, lo que delinea su estrategia de encausamiento de la participación ciudadana por la vía electoral. Un proceso de revocación de mandato es un ejercicio extraordinario ante la pérdida de confianza por incumplimiento grave de responsabilidades del primer mandatario o deslegitimación por abuso de poder. Por ello, es entendible que una ciudadanía disconforme lo exija. Sin embargo, esta iniciativa fue impulsada por AMLO, quien a su vez cuenta con altos índices de popularidad. “Con 66 por ciento a favor, Andrés Manuel López Obrador es el segundo mandatario con mayor aprobación del mundo, únicamente debajo de Narendra Modi, primer ministro de India”.
En el presente artículo vamos a analizar la percepción de utilidad de este instrumento para la ciudadanía y el Gobierno en una democracia participativa. Tomaremos en cuenta la ausencia de vías legales para deponer al jefe del Poder Ejecutivo (hasta antes de 2021), así como el entorno regional en que se han aplicado juicios políticos o impeachment en distintos países latinoamericanos, e incluso, su apelación en Estados Unidos en años recientes.
La falta de mecanismos legales para que la ciudadanía pudiese valorar la gestión del presidente en México y en su caso, destituirlo, podría generar movilizaciones en búsqueda de su deposición extralegal. En cambio, la revocación de mandato posibilita un cese anticipado, legal y democrático, encausando un determinado descontento político-social por una ruta regulada. (Utilidad a futuro).
En los regímenes presidencialistas, existen dos vías constitucionales por las cuales es posible destituir al presidente: la revocación de mandato, que ya hemos mencionado y el impeachment o juicio político. En el último caso se trata de “un mecanismo para fincar responsabilidad política y sancionar con destitución o inhabilitación a funcionarios o servidores públicos de alto nivel que […] han incurrido en arbitrariedad o abuso o acceso de poder”.
A excepción de muerte o razones de salud, los mecanismos de terminación anticipada de la administración de un presidente se aplican en el marco de una crisis político-social, ya sea emanada por grupos de élite o de poder o por la ciudadanía. ¿Cómo surge entonces en México el proceso de revocación de mandato? Como una bandera de campaña de AMLO para las elecciones presidenciales de 2018. Si bien el proceso de revocación de mandato brinda más herramientas de democracia participativa, no había habido un clamor colectivo por su implantación. Se trata de una concesión no pedida en tiempos de estabilidad en México, por lo que no se aprecia en demasía su utilidad. Se enmarca en el plano discursivo oficial de que “el pueblo es bueno y sabio”, donde podríamos entender que la revocación de mandato sería la máxima expresión democrática y de sabiduría del pueblo, que éste decida. “Nada de ‘me eligieron por seis años y puedo hacer lo que quiera’”, indicó López Obrador al conmemorar su mitad de período. “Si uno que gobierna no está a la altura y no obedece al pueblo, ¡revoque su mandato y fuera!”.
AMLO ha realizado tres consultas nacionales: la primera, la que decidiría sobre la aceptación del aeropuerto de Santa Lucía y la no construcción en Texcoco del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se llevó a cabo entre el 25 y 28 de octubre de 2018. La segunda “consulta popular” se efectuó el 24 y 25 de noviembre de 2018 sobre diez temas de la agenda gubernamental: construcción del Tren Maya, construcción del Tren del Istmo de Tehuantepec, construcción de la refinería en Tabasco, reforestación de selvas, bosques y plantación de árboles frutales, aumento de la pensión a adultos mayores, becas y capacitación laboral a jóvenes que no estudian y no trabajan, becas a estudiantes de nivel medio superior, entrega de pensiones a personas con discapacidad, atención médica a quienes no cuenten con servicios de salud y cobertura gratuita de internet. Dichas consultas se realizaron previo a la toma de posesión de AMLO, con carácter no vinculante. Las podemos considerar un respaldo a las tomas de decisión previstas por el presidente. Ya como titular del Ejecutivo, el 1º de agosto de 2021 el Gobierno federal realizó la consulta para manifestar el respaldo a emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, en otras palabras, a enjuiciar a expresidentes; ésta sí, de carácter vinculante.
Cabe hacernos la pregunta del por qué las consultas si AMLO ya tenía decidido cancelar la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco y construir, en su lugar el Felipe Ángeles, en la base militar de Santa Lucía; así como llevar a cabo las obras del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, entre otras. ¿Por qué consultar si se enjuicia a expresidentes, cuando es posible hacerlo y aunque el propio AMLO manifestara su no deseo de hacerlo? Son temas que quiso poner a debate nacional. No otros. No puso a consideración de la ciudadanía el papel protagónico que lleva a cabo el ejército en materias de seguridad y de infraestructura. El proceso de revocación de mandato tiene lógica al complementar las posibilidades legales de someter al titular del Ejecutivo al escrutinio, especialmente ciudadano. En caso de refrendar el mandato, brinda legitimidad al ejercicio de Gobierno y AMLO lo lleva al plano moral: “El presidente tiene que tener legitimidad, por ello la consulta de revocación de mandato es un asunto moral y político”.
La mayor apuesta del sector opositor encabezado por Sí por México es el ausentismo en la consulta del próximo domingo. Que no se logre ni un piso de 11 millones votos, número de firmas recibidas en el INE para realizar la consulta de revocación de mandato. Gustavo de Hoyos Walther, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), asegura que la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador es un “revocafraude”, por lo que la organización Sí por México, en la cual participa, no la impulsará ni votará ni será parte de la su celebración el 10 de abril de 2022. A falta de un argumento convincente, consideramos que la verdadera razón del llamado a no participar es el “no hacerle el juego a AMLO”.
Además de los factores internos, existe en el contexto internacional regional una ola de juicios políticos o impeachment en que tribunales supremos destituyen gobernantes electos sin que los ciudadanos sean consultados al respecto. En Guatemala se surgía una luz de esperanza de poder juzgar al presidente por actos de corrupción. El 3 septiembre 2015 el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, presentó su renuncia al cargo, luego de movilizaciones ciudadanas. Había razones de peso: fue acusado por la fiscalía y por la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), un organismo avalado por Naciones Unidas, de liderar una mafia de corrupción aduanera. A pesar de ello, devinieron prácticas no justificadas en la lucha de poder en otros países. En 2016, la presidenta brasileña fue retirada de sus funciones tras un proceso de impeachment. El 16 noviembre 2016 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró inconstitucional el juicio político que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, planteó para sancionar al presidente, Nicolás Maduro. La crisis política en Bolivia de 2019 se produjo del 10 al 20 de noviembre de dicho año después de 21 días de protestas contra el gobierno del presidente Evo Morales, a quien un sector de la población acusaba de haber cometido un fraude electoral en las elecciones generales de octubre. En 2017, el Congreso de Perú inició un procedimiento de “vacancia presidencial” con que destituyó al mandatario Pedro Pablo Kuczynski, después de que se revelaran pagos millonarios de la constructora Odebrecht a empresas vinculadas a él. La moción no prosperó. El 28 de marzo pasado, el Congreso de Perú, de mayoría opositora, no alcanzó el lunes los 87 votos mínimos requeridos para aprobar la moción de vacancia contra el presidente del país, Pedro Castillo, quien logró de esta manera sortear por segunda vez un intento de destitución en su contra. En propio Estados Unidos se ha recurrido a este mecanismo en años recientes. El 19 de diciembre de 2019 “la Cámara de Representantes acordó someter al presidente Donald Trump a un juicio político por abuso de poder y obstrucción al Congreso”.
Podemos observar que, en los casos de Venezuela y Bolivia, tanto los mandatarios Nicolás Maduro como Evo Morales son señalados de dictadores, violadores de los derechos humanos. Llama la atención que en los últimos días, legisladores y funcionarios estadounidenses hayan endurecido sus “preocupaciones” por presunta persecución política que AMLO ha emprendido contra sus adversarios y desmantelamiento de instituciones democráticas, así como por el alto número de periodistas asesinados en México. Destacamos lo anterior porque podría configurarse una amenaza de actores internos y externos (recuérdese la búsqueda de alianza del PAN con Vox de España) en se fortalezca el discurso acusatorio contra AMLO de dictador y violador de derechos humanos en procura de un juicio político como se ha propagado por América Latina. He aquí la utilidad de mayor importancia del proceso de revocación de mandato, en que, por ley la ciudadanía tendría toda la facultad de participar en una decisión de índole mayor: deposición o refrendo a la gestión del titular del Ejecutivo.
El próximo domingo 10 de abril, en un hecho inédito, la ciudadanía mexicana acudirá votar en un proceso de revocación de mandato. De acuerdo a la Ley federal de revocación de mandato el resultado de la consulta sólo será obligatorio solo si se alcanza una participación mayor al 40 por ciento del padrón electoral, esto es, más de 37 millones de personas. No se espera tal asistencia a las urnas por varias razones. La primera, los ciudadanos acuden en mayor cantidad a votar cuando se celebran elecciones presidenciales. En el resto, se registran altos índices de abstencionismo. En las tres consultas promovidas por el Ejecutivo no se registró una presencia masiva. Para algunos simpatizantes de AMLO resulta confuso ir a votar en consulta para la revocación de presidente. Hay un entendimiento opuesto a la pretensión de refrendar la gestión actual. No se aprecia la utilidad de esta novel herramienta democrática. Sabiendo lo anterior, los opositores al régimen lópezobradorista prefirieron levantar la bandera del abstencionismo y presentarla así como su triunfo. Su participación estaría encaminada a la derrota, a un refrendo de la administración de AMLO y con ello, su legitimización. Ese es un valor para el mandatario en su segunda mitad de su Gobierno.
Con un fundamento jurídico, la consulta ciudadana llegó para quedarse en México y robustecer el entramado de participación ciudadana. Si bien no significa una plena participación en el diseño e implementación de políticas públicas, sí es un avance en el combate a la impunidad de los gobernantes. No podemos dejar de ver que bien puede servir como un encausamiento de la disconformidad social. Una protesta masificada podría ser traslada a las urnas. Aunque no se aprecie una amenaza latente contra la continuidad de López Obrador en la Presidencia de la República, no olvidemos que pueden surgir condicionantes ideológicos que cobren fuerza y se conviertan en una verdadera presión al Gobierno federal. Ya comienza a endurecerse el discurso del Gobierno de Estados Unidos y se ha instituido el impeachment como una práctica de destitución de mandatarios en la región. El proceso de revocación de mandato tiene una utilidad a futuro, como instrumento que permita al pueblo defender a su Gobierno o revocarlo si es necesario. La participación ciudadana ya está contemplada en un escenario de crisis política en México.
AUTOR: HUGO AUGUSTO
