Hay un fuerte debate en Mendoza sobre la contaminación ambiental. La minería esta en primera fila. La prohibición del uso de sustancias tóxicas de la minería a cielo abierto y el posterior pedido de inconstitucionalidad de los empresarios mineros aviva la polémica. Otros temas que cruzan esta realidad son: La ley de usos del suelo sin sancionar, el apoderamiento de la tierra de grupos económicos sin control y en el medio, el agua pura, como recurso natural y social fundamental. Se propone un pacto ambiental.
Este es un artículo realizado en el año 2007.
ALGO DE HISTORIA.
Para conocer los principios de la actividad minera en Mendoza hay que remontarse al Plan Cordillerano. Un comienzo estimado fue el 3 de setiembre de 1963 (las leyes sobre minería seguramente son más antiguas, menos exigentes y menos entreguistas ) cuando el gobierno de la provincia, firmó un convenio con las Naciones Unidas para concretar la ejecución del llamado Plan Cordillerano, que ya había comenzado la Dirección General de Fabricaciones Militares. Este Plan consistió en la exploración geológica de una amplia zona del Oeste argentino para descubrir nuevos yacimientos y promover el desarrollo de la minería. El área señalada comprendía 128.000 km2 aproximadamente y se hallaba situada en un sector cordillerano que abarcaba Mendoza y Neuquén. El Plan fue financiado por Fabricaciones Militares, Naciones Unidas, Dirección Nacional de Geología y Minería y contó con la colaboración técnica de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Pero no solo esos también la explotación de los minerales de uranio mendocino se inició en 1950, en San Isidro, al oeste de la ciudad de Mendoza. En 1954 comenzaron los trabajos en Malargüe. La prospección general realizada en 1957 sobre la provincia arrojó resultados positivos en Malargüe, Cacheuta y Potrerillos. La más importante reserva era la de Mina Huemu1 (en la estructura de Pampa Amarilla). En 1968 la CNEA descubrió los yacimientos de uranio de Sierra Pintada, situados a 30 Km al sur de la ciudad de San Rafael. Su riqueza constituía el 70 % de las reservas uraníferas del país y se estimó que podría cubrir las necesidades de las plantas núcleo-eléctricas del país durante el lapso de 30 años.” relata Martínez, Pedro Santos. (“Historia de Mendoza”, página 211 y 212, año 1979.)
Un poco más aquí en el tiempo “ …El 27 de septiembre de 1973 , con Martínez Baca, Gobernador, se anuncia la puesta en marcha del Plan Mendoza para los trabajos de prospección minera….el objetivo principal del plan es ubicar depósitos de minerales, con recorridos de campo para determinar áreas de mayor concentración. Se pretende reconocer los depósitos de manganeso y analizar en detalle los más aprovechables…”, recuerda Ramón Ávalo en “Mendoza Montonera”, pág 249)
Claro que estos gobiernos, lejos estaban de pensar y prevenir el avance de hecho que están ejerciendo las empresas mineras con los vacíos legales, sin plan ambiental; y la complicidad de la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia.
Algunas cuestiones previas serían que por un lado existe ley minera nacional, pero no Ley de usos del suelo y menos un ordenamiento territorial.
ANTECEDENTES DE LOS SUCESOS PREVIOS al 2007.
– Intervención de la población. Alertados por estar al tanto de la información de los viajes del Gobernador Julio Cobos, se producen reacciones y movilizaciones en todo el Valle de Uco. Comienzan a realizar campañas de concientización. Luego se produce un levantamiento de la población en Gral.Alvear. Se produce el Encuentro contra la minería contaminante, en Eugenio Bustos, en San Carlos el18/11/06. Representantes de San Carlos realizan una huelga de Hambre el 9/12/06. Intervienen organizaciones sociales y Asambleas del agua.
– Intervención del ejecutivo. El gobierno de Cobos tuvo una posición ambivalente En los años 2004 y 2005 viajo con su Ministra de Economía a Canadá, para ofrecer la explotación Minera en la provincia. En esa Línea Cobos, veta en noviembre de 2006 la ley que impide los cateos, provocando reacciones de las comunidades, ambientalistas y militantes sociales. En el caso de la ciudad, entre los grupos más activos en la defensa del agua pura y contra la minería contaminante, está expresado por la Asamblea del Agua y el Foro Social Mendoza, cuyo referente, Rubén EsperAder expresaba: “…estamos frente a un avance de las corporaciones económico-financieras, que amparados en cierto vacío legal; la ignorancia y complicidad de los políticos, buscan la explotación minera discrecional, sin importarles la contaminación que producen, los perjuicios que ocasionan a las poblaciones al ecosistema integral…”
Frente a la protesta, la impopularidad de las medidas y la probable pérdida de votos, el estado de conocimiento público de la situación y el peligro cierto de la contaminación ambiental, el ejecutivo da marcha atrás. Insta a los legisladores a suspender la instalación de la minería metalífera y explotación a cielo abierto en Mendoza, el 26/06/07
– Intervención de los empresarios. A través de solicitadas y la búsqueda de influencias, tanto en la Secretaria de Medio Ambiente como en las cámaras legislativas, procuran parar la prohibición. Actualmente han solicitado un pedido de inconstitucionalidad para poder continuar desarrollando su actividad. El sindicato minero se movilizó presionando a través de los obreros, con el atendible argumento de la defensa de las fuentes de trabajo. El planteo de los empresarios mineros es que habría más trabajo, inversiones y rentabilidad para la provincia. Lo real es que: los grandes insumos lo traen de afuera, los combustibles son subsidiados, parte de la energía es pagada por la provincia, el agua desde ya es escasa y se la regalamos por miles y miles de litros. Se llevan el 97% del mineral “en bruto” y dejan el 3% de regalías.( ver la Vena 32, página 5)
La Cámara Mendocina de Empresarios mineros agrega en otra solicitada: “ …a tanta confusión intencional… hoy en Mendoza no hay proyectos metalíferos en explotación, sólo se explora para saber si hay minerales en calidad y cantidad…” ????
Curiosa e infantil manera, del Sr. Zenobi, de convencernos que la megaminería “es buena”.
– Rechazo. Los Intendentes de Tupungato, San Sarlos y Tunuyán en el llamado Foro de Concejales del 31/10/06; se oponen a la minería metalífera contaminante y la explotación a cielo con el método de la lixiviación (separación del metal y otras sustancias) y la utilización, entre otros de cianuro. Luego sancionan la Ordenanza 1123/06 en defensa de la vida y el agua.
– Consecuencias en el ambiente( ver editorial de “La Vena 33: devasta la superficie, contaminación del aire, afectación de aguas, afectación de suelos, impacto sobre la flora, impacto sobre las poblaciones, cambios en el clima, impactos posteriores a la explotación, etc).
– Marco legal. Falta de un Plan Ambiental Provincial, tal como lo exige la Ley 5.961.“
–SANCIÓN DE LA LEY 7722
Con fecha 26 de junio de 2007 la Legislatura de Mendoza sancionó la Ley N° 7.722 que dice textualmente en el Art.1°: “° A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo. “
Por otro lado los docentes universitarios e investigadores Andrés Dimitriu y Guido Galafassi analizan las fases que desarrolla el capital -en este caso de las mineras- frente a las oportunidades y resistencias que suscitan sus explotaciones. El texto nos acerca a sus estrategias para concretar el saqueo de los minerales en un ciclo indispensable para la reproducción del paradigma extractivo, que en nuestros países reedita la etapa colonial. El artículo fue escrito por sus autores a propósito de las notas sobre “Inversiones mineras en Argentina” publicadas en el periódico Le Monde Diplomatique de mayo 2007. Para leer el documento en www.noalamina.org
Sin embargo el poder económico se expresa por todos los medios posibles. En dos solicitadas en Diario Los Andes del día 5/06/07, la Federación Económica de Mendoza decía: “…es un tema estratégico que no solo afecta el perfil económico del presente sino del futuro de los habitantes … “.
Creemos que precisamente, por que la población está comprometida y previniendo males mayores (como el caso de Jáchal en San Juan, donde el agua está contaminada y hay casos comprobados de cáncer por la contaminación) es que se moviliza y no quiere esta minería. Y continúan expresando los empresarios: “ …el tema de las explotaciones mineras ha caído en una red de intrigas, confusiones y militancias panfletarias…la mesa de consensos ha sido acordada con los protagonistas y se desarrollará en el seno de la Federación buscando la seriedad…”.
Cabe preguntarse a que “mesa de consensos”, se refieren, a quién convocan y dónde está la ineficaz Secretaria de Medio Ambiente accionando defendiendo los intereses de la población.
Con el caso de Mendoza ya son cinco las provincias argentinas que protegieron su ambiente mediante leyes similares. Chubut (2003), Río Negro (2005), Tucumán y La Rioja (ambas este año) prohibieron el uso de tóxicos en la actividad minera e incluyeron la prohibición de las explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto. La próxima será San Juan ?
No debe quedar desapercibida la reunión del candidato Celso Jaque ( PJ) oriundo de Malargüe con el Embajador de EEUU en Mendoza. Aunque es reconocida su posición a favor de la minería.
En Malargüe se fue abriendo camino a la megaminería.
Precisamente en Malargüe se produjo la persecución a ambientalistas y el cierre de la escuela ambiental 4-018. Lo explica, el investigador, Carlos Benedetto, quien además de ser un férreo defensor del ambiente, es un espeleólogo reconocido a nivel internacional que realizó numerosos e importantes descubrimientos en el sur de Mendoza.Efectivamente un vecino de Malargüe denunció ante la fiscalía de Estado la pérdida de la libertad de expresión ante la sanción de una ordenanza que impide las reuniones por temas ambientales sin previa consulta al gobierno municipal y al Concejo Deliberante, quienes deberán conocer el contenido y el objetivo de los temas a tratar. En esta última, aprobada el 31 de mayo, en su artículo 2 dice “Prever, que de realizarse en el futuro este tipo de reuniones deberá el Departamento Ejecutivo Municipal y el Honorable Concejo Deliberante, conocer los contenidos y fines de los temas propuestos”.La actitud de prohibir las reuniones provocó la reacción de otras organizaciones ambientalistas, como la ONG Nativa, de San Rafael quien a través de su titular, Héctor Correa,alzo su voz en contra de las medidas del ejecutivo departamental.
Así, en base a una inclaudicable lucha de Las Asambleas del agua y movimientos sociales, se sancionó la Ley 7722, protectora del agua pura para Mendoza.
Rubén Esper Ader – revistalavena@gmail.com – N° 35 – 30/07/07
