Por estos días cobra fuerza un tema muy sensible para los mendocinos: el Agua.
Una frase, no por conocida, deja de ser certera: defender el agua implica el defender la vida, pero no simplemente la humana, sino la de ecosistemas completos. El agua es un derecho y es necesario retomarle el respeto que se le tenía antiguamente en nuestras culturas.
Pero, en ese afán de resguardar el agua encontramos muchos obstáculos: la falta de compromiso y de interés por informarse, el derroche, la corrupción, el individualismo, el gobierno, el capitalismo, y la opinión fundamentada de grandes sectores de la población (académicos, científicos, ambientalistas) que no son tomadas en serio.
EL CÓDIGO MINERO
Sostiene, Nicolás Gutman (UBA): “La reforma del Código Minero se hizo en 1994 y fue una negociación dentro de la reforma de la Constitución. El acuerdo fue que, a cambio del apoyo de los
gobernadores a la reforma, se les entregaron las riquezas del subsuelo a cada provincia. Es decir, las dos cosas que estamos discutiendo hoy y que son recursos estratégicos: petróleo y minerales. Eso tuvo la consecuencia grave de que ya no fue el Estado el que se sentaba a negociar con las multinacionales, sino un gobernador de provincia. Es decir, divide y reinarás… ¿Qué puede hacer un Gobernador? Es lo que sucede: permitir el saqueo. Pero el saqueo está avalado, legalizado y
estimulado por el Código Minero, que es muy perverso”; y agrega “La megaminería es una economía de enclave. Esto quiere decir que no está asociada al entorno en donde está radicada y no implica ningún tipo de desarrollo. Se trata de extraer un recurso con el menor costo posible y
llevárselo… así funcionan estos proyectos en la Argentina. De la misma manera que funcionan en África”, concluye.
En Mendoza, las expectativas están en torno a la Ley 7722 (prohíbe el uso de la explotación minera a cielo abierto y el uso de sustancias nocivas) sancionada en el año 2007, y que trazaron un duro
escollo en la actividad minera de la provincia. Por un lado, el Gobernador Alfredo Cornejo (UCR) y el diputado Alejandro Abraham(P.J), impulsan la minería metalífera y el fracking; por el otro, miles de mendocinos que no quieren que Mendoza se parezca cada día más al triste destino que está
corriendo el hermano pueblo de Jáchal, aquí al lado, en San juan.
¡Qué contradicción! Hace 11 años, un gobernador radical, Julio Cobos, escuchaba el reclamo popular y sancionaba la ley 7722, que protege el agua de los mendocinos. Hoy, otro gobernador radical, abre la puerta para la contaminación de nuestro recurso más preciado.
Pero los espacios de participación no son lo que más nos falta: lo que más necesitamos es aumentar nuestro compromiso ciudadano y hacer que se cumpla aquello de AGUA = DERECHO HUMANO.
Hasta la próxima.
