El GENOCIDIO INDÍGENA LLEGA A LOS TRIBUNALES

Para los pueblos originarios,- con la tenacidad de una mujer- la historia busca encontrarse con la verdad. Así es que Ivana Noemí Huenelaf, mapuche-tehuelche,  radico la demanda este 16 de agosto.  Presentó la denuncia en los tribunales argentinos por el genocidio indígena de la «Campaña del Desierto», entre los años 1878-1890, por parte del Estado Argentino.

Quien propició la sucesión de crímenes en esos años, el Gral. Julio A. Roca definía los hechos de la siguiente manera: «Tenemos seis mil soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra, para oponerlos a dos mil indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva». https://www.elhistoriador.com.ar/la-conquista-del-desierto/

El abogado defensor designado por Ivana Huenelaf  es   Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos. “Para que se inicie un Juicio por la Verdad a los fines que se investigue la comisión de hechos atroces que encuadran dentro de la figura de genocidio: torturas, fusilamientos, desapariciones forzadas y abandono de personas, apremios ilegales, traslados forzosos, disposición y reducción a servidumbre de personas y sustracción de menores”, dice el texto de la denuncia, de una decena de páginas.

Lxs reclamantes pidieron que “en ese marco procesal se dicte una sentencia declarativa en referencia a todo ese proceso como un Genocidio y se dispongan las medidas y actos reparatorios que por derecho correspondan”.

El sorteo de rigor hizo recaer la denuncia en la Fiscalía 7 (González) y en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3, (a cargo de Daniel Rafecas) de los tribunales federales de Retiro.

 Al salir de los Tribunales de Comodoro Py ese 16 de agosto, Huenelaf saludo en forma tradicional :“Mari, mari”. Siento el Newen (fuerza espiritual) porque es muy importante para mi pueblo. Se va tejiendo esto. Hay jueces y fiscales que nos pueden llegar a escuchar, es un gran paso que se gesta con la resistencia. No venimos con rabia sino con dolor para sanar esas heridas, con la sabiduría y el conocimiento de la Mapu (Madre Tierra), con gente que cree en nuestra causa”, dice con calma y sonriente esta mujer indígena. Y aclara: “No es sólo una etnia sino todos en comunidad, con Norita Cortiñas que va a ser testigo de concepto si nos aceptan como querella. Su genocidio fueron 30 mil víctimas, el nuestro fueron 20 mil, van a tener que acostumbrarse a ese número”, agrega Huenelaf.

DATOS PERSONALES

Ivana tiene 49 años, es madre de seis hijos y abuela de siete nietos. Nació en un paraje al pie de la Cordillera, José de San Martín. Es mapuche y tehuelche, y acompaña las recuperaciones de territorio. Vive en Mallín Ahogado, en un territorio en comunidad llamado Tierra y Dignidad. Trabaja en la feria regional donde vende pan casero y es profesora de judo –primer Dan– de niñeces en Lago Puelo.

En la soleada mañana del martes 16 de agosto, llevaba su vestimenta originaria y un brillante trarilonco (cintillo) de plata sobre el pelo negro azabache.

HISTORIA DE RESISTENCIA

Estuvo en enero de 2017 entre la decena de personas que acudió solidaria a la Lof en Resistencia de Cushamen cuando sus miembros fueron reprimidos por Gendarmería. Con ferocidad, como durante el operativo de agosto de aquel año, cuando desapareció el tatuador anarquista Santiago Maldonado.

Nunca imaginaron la pesadilla que vivieron después, al ser baleadas, perseguidas y detenidas. Ivana y el grupo fueron tiroteados por policías de Chubut y empleados de Benetton. Ella sacó fotos y logró avisar a una abogada, poco antes de ser golpeada y detenida en la comisaría de El Maitén. Mientras tanto, el fiscal Carlos Díaz Mayer negaba una y otra vez que estuvieran allí.  Se habrían quedado mucho tiempo más si no las sacaba el abogado Carlos “Chuzo” González Quintana que andaba por la zona de vacaciones.

“Me tocó vivir un proceso con una estrategia no muy diferente a la de 1879 que comenzó el genocidio que hoy estamos denunciando en Comodoro Py”, dice Huenelaf. El colmo fue que todas estas víctimas terminaron acusadas por el empresario italiano de robo de ganado y posesión de explosivos. Años más tarde quedaron absueltas: les habían plantado las pruebas. Así funcionan algunas cosas en la Patagonia.

 QUÉ PIDE LA DENUNCIA POR GENOCIDIO

Fernando Cabaleiro es un reconocido abogado ambientalista que se cruzó con la lucha de los pueblos originarios. “Pedimos que se investigue la Campaña al Desierto o Conquista del Desierto como un genocidio. Que se establezca la responsabilidad del Estado.

«Que se inicien juicios por la verdad en todos los territorios para poner sobre la mesa el despojo de las tierras”, dijo a Presentes en las escalinatas de los Tribunales Federales de Retiro.

Aspira a que sea un puntapié inicial para iniciar un proceso de reconstrucción histórica a nivel estatal. Y que sirva como apoyo para la recuperación de los territorios.

 LAS CONSECUENCIAS

En caso de que prospere esta ambiciosa denuncia, los hechos serán investigados en cada jurisdicción. Pero la acusación engloba todos los episodios dentro de un plan sistemático. Los fundamentos históricos surgen de los trabajos de investigadores del Conicet. “El Estado financia las investigaciones que demuestran que hubo un genocidio, y no se hace nada, queda todo en el repositorio. Por eso llevamos el repositorio a la justicia con la configuración del genocidio”, apunta Cabaleiro.

 UN ANTECEDENTE:LA MASACRE DE NAPALPÍ

Para esta presentación, el antecedente clave es el juicio por la verdad sobre la Masacre de Napalpí, finalizado en mayo de este año. Allí se registraron entre 400 y 500 víctimas indígenas y campesinas por crímenes perpetrados por el Estado en 1924 en el entonces territorio nacional del Chaco. Se declaró como hecho probado que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino. La sentencia declaró también que la Masacre de Napalpí, «son crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas.” La magistrada actuante entendió que se trató de “un hecho premeditado y planificado con antelación para el cual se destinaron recursos públicos”.

 POR QUÉ FUE UN GENOCIDIO

La presentación refiere que entiende por genocidio cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.

Mediante la Ley 24.584, Argentina aprobó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La denuncia plantea que el genocidio cometido por el Estado Argentino fue “contra los pueblos preexistentes Mapuche, Tehuelche, Ranquel y Pampa en la Pampa y el norte de la Patagonia dentro de un plan sistemático, premeditado, pensado y organizado minuciosamente, ejecutado por el Estado Argentino durante los años 1878 y 1890″.

Éste «incluyó fusilamientos, desapariciones y abandono de personas indígenas, apremios ilegales, torturas, actos crueles inhumanos destinados a causar la muerte o graves daños a la integridad física y mental. También «reclutamiento de mujeres, ancianos, niños, niñas y adolescentes con  traslados y desplazamientos forzosos a campos de concentración, disciplinamiento, despersonalización y cancelación del idioma, cultura y creencias procurando la sustracción de su identidad ancestral».

Además, a ello le siguió inmediatamente la repartición del territorio ancestral del cual esos pueblos fueron arrebatados y despojados. “Pasó a conformar parte del Estado Argentino y distribuido entre miembros del Ejército Argentino con altos cargos y los grandes hacendados conglobados en la Sociedad Rural Argentina, principales aportantes para el financiamiento de la campaña sistemática de violencia contra los pueblos indígenas de la Pampa y el norte de la Patagonia”.

 ALGUNAS CIFRAS DEL EXTERMINIO

La Campaña Conquista del Desierto implicó la falta de reconocimiento de «tierras habitadas» por comunidades indígenas, y su motivación –plasmada en cartas entre funcionarios de alto rango del Estado Argentino–, da cuenta que tuvo como fin la aniquilación y el destierro decenas de miles- Según el presidente Nicolás Avellaneda fueron 20 mil las personas indígenas habitantes en su territorio ancestral, Puelmapu.

“Hasta nuestro propio decoro, como pueblo viril, nos obliga a someter cuanto antes, por la razón o por la fuerza, a un puñado de salvajes que destruyen nuestra principal riqueza y nos impiden ocupar definitivamente, en nombre de la ley del progreso y de nuestra propia seguridad, los territorios más ricos y fértiles de la República“, dijo Avellaneda en los fundamentos de la ley 947 que impulsó la Campaña al Desierto.

Terminado el plan genocida, Estanislao Zeballos expresó: “La barbarie está maldita y no quedarán en La Pampa ni los vestigios de sus huesos”, a poco de asumir como presidente de la Sociedad Rural. Sus asociados fueron los principales beneficiados de la repartición de los territorios ancestrales pertenecientes a las comunidades indígenas desterradas y sometidas.

 APUNTES DEL HORROR  

Dijo Huenelaf en el texto de Cabaleiro que “se trata de un delito que como acción sistemática reconoce su ejecución en simultáneo y consecutivamente en varios puntos del país, atento a la conformación de campos de concentración y confinamiento, disciplinamiento y sometimiento de personas humanas en los que se ejecutaron dicho delitos”.

Acaso los capítulos menos conocidos de esta historia sean los referidos a “los niños tomados prisioneros durante las campañas militares de ocupación del territorio indígena de la Pampa y la Patagonia y repartidos como virtuales esclavos durante la consolidación del estado liberal moderno en Argentina”, consigna la denuncia.

 DERECHO A CONOCER LA VERDAD

Si bien los autores intelectuales y materiales han fallecido, lxs denunciantes conciben “hay una responsabilidad del Estado Argentino por las consecuencias dañosas atroces, perversas y sanguinarias que aquella ha representado y representa en la memoria viva de cada integrante del pueblo mapuche, tehuelche, ranquel y pampa. La que recrudece inevitablemente al no haber existido un reconocimiento estatal explícito del Genocidio que dicha campaña ha significado, con la constante política negacionista de los derechos de los pueblos originarios a la verdad y reparación histórica, a su propia identidad, a la recuperación de sus territorios ancestrales y al desarrollo de la personalidad y cosmovisión indígena, derechos humanos cuya violación persiste a pesar el texto constitucional”. En tal sentido, este proceso se enmarca como un Juicio por la Verdad, sin pretensión punitiva contra imputado alguno.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluyó en el año 2006 que el derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves de las normas de derechos humanos es un derecho autónomo e inalienable, vinculado a la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar para que haya recursos efectivos y se obtenga reparación.

Fuente: agenciapresentes.org

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