Como estaba anunciado, el miércoles 17, una delegación de las 11 comunidades Huarpes de Mendoza, fueron recibidas en la Casa de Gobierno de Mendoza, por el Jefe de Gabinete de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Oscar Sorroche y el Coordinador de Tierras Fiscales, Guillermo Yazlli.
A partir de las 11 de la mañana,fueron llegando los asistentes, en dos micros, que provenían del departamento de Lavalle. Pensemos que los hermanos Huarpes, provienen de distancias muy alejadas, 60,80 y hasta 100 kilómetros, que transitaron para venir hasta la ciudad a realizar un pacífico reclamo. Estaban acompañados por personas de la comunidad que viven aquí, y organizaciones sociales y, medios de comunicación; también expresaron su solidaridad, la Comunidad Mapuche, con su referente Gabriel Jofré,quien se observa en la foto.
Antes de ingresar a la reunión hablo con nosotros, Darío Jofré, de la comunidad San José: “Estamos aquí conmemorando la semana de los pueblos originarios, pero a su vez también haciendo el acto de presencia como pueblo, solicitando el reclamo de la devolución de nuestras tierras, que contempla la ley 6920 y que hasta el momento no ha tenido aplicación. Las comunidades siguen sufriendo el despojo y el avasallamiento de sus derechos, con terratenientes que están usurpando con alambrados y van corriendo a miembros de nuestras comunidades, a vastos sectores del campo que terminan emigrando hacia otros lugares. Venimos 11 comunidades de Lavalle a exigirle al Gobernador (Alfredo Cornejo) que cumpla con la ley, no le pedimos nada que se aparte del marco jurídico. Las comunidades Huarpes lograron en el 2001, esta ley, la 6920, para restituir lo que nos quitaron, por el derecho que tenemos en estas tierras”, expresó.
Le preguntamos, cómo tomaron la entrega de 106.000 hectáreas que hizo el Gobernador Celso Jaque hace 10 años, a los Huarpes, a lo que respondió: “Fue un adelanto, pero se entregaron tierras fiscales, tierras del Estado. No eran de particulares. Lo que nosotros exigimos que se entregue la tierra en su totalidad, para todos, no por parcela. Son 785.000 hectáreas contempladas en esta ley, que están denominadas como zonas desérticas, ubicadas en gran parte del Secano. Queremos que se entregue con un solo título a las 11 comunidades, como propiedad de uso comunitario”, Concluyó.
Seguidamente, hablamos con una referente mujer, Nancy González, vicepresidenta de la comunidad San José, que nos comentó;” Las tierras son un derecho que tenemos desde siempre, queremos vivir tranquilos en nuestras tierras, muchas comunidades están viviendo realidades tristes; porque nos alambran los lugares, hacen picadas, dicen que son dueños, que han comprado; nuestra gente, siente que se les achica el espacio; queremos vivir en un espacio libre incluso compartíamos la pastura de nuestros animales. Para nosotros la propiedad tiene un sentido comunitario. Estamos las 11 comunidades lavallinas unidas, estamos bajo un solo polígono. En educación nos sentimos marginados…las escuelas son todas albergues, porque la situación no amerita,dicen, por cuestiones de distancia…pero no es la misma educación, estamos más despojados y desatendidos. Falta mucho por hacer”, apuntó con determinación, Nancy.
Así las cosas, alrededor de las 13 horas, fueron atendidos, por los señores Sorroche y Yazlli. El señor, Yazlli, que en otras instancias había estado anteriormente, con las comunidades, cometió dos errores garrafales para un funcionario, que está a cargo nada menos que de las tierras fiscales de toda la provincia. Por un lado sostuvo que” no era factible, no es real expropiar las tierras”??? y por otro lado, comentó que en otro lugar de la provincia, había “colonos”, es decir personas, no Huarpes, que reclamaban la posesión de la tierra. Estas expresiones cayeron muy mal en los referentes de las comunidades, quienes tomaron esas palabras, como una ofensa. Le respondieron enojados: “Con todo respeto; no se trata de lo que usted piensa, lo que usted tiene que hacer es cumplir una ley, la 6920”, le expresaron. ¡¡ Además usar la palabra colono en esta época, después de 527 años de usurpación, realmente sonó como un insulto!!. Luego el señor Yazlli, se disculpó y expresó que lo hacía a título personal, con la mejor intención. Sin embargo, ya estaba dicho y de algún modo, generó un ambiente no propicio para un diálogo serio y responsable. Le reclamaron que se aplique inmediatamente los artículos *3 y 4 de la ley 6920.
Siendo las 15 horas, finalizó la reunión. A la salida, en la explanada de la Casa de Gobierno, Ramón Tello, (en la foto) de la comunidad, San Miguel, y miembro del CNPI, (Consejo Nacional de Pueblos Indígenas) le informó a la concurrencia que estaba esperando desde hacían varias horas: “Quien hablo con nosotros fue el señor Guillermo Yazlli. Él nos informó que en estos años, le paso toda la información a Fiscalía de Estado, (tanto al actual, Fernando Simón, como al anterior, Javier Fernández,) este funcionario, nos respondió que todo lo que le fueron pidiendo durante estos años, se los fue pasando a estos organismos, no hay más que pasarle”, continúa relatando Tello: ” El señor hizo hincapié en su postura personal, de que la ley es inviable – que cayó muy mal en todos los presentes- pero bueno. Luego dijo que no había plata para pagar las expropiaciones, entonces tuvimos que ponerlo en conocimiento de que sí había plata; de que nuestro abogado Fidel, había hecho las medidas judiciales necesarias para que esa plata esté resguardada. También le explicamos que si se ponían a trabajar en el tema y veían la cantidad de títulos que hay, y comprobaban que los títulos no son sanos y eran superpuestos tal vez el Estado no tenía que pagar nada. En fin, le hicimos un panorama de estos 16,17 años de lucha y se han comprometido a una reunión para el 7 u 8 de mayo. La idea es concurrir en compañía de nuestro abogado, ya que ellos proponen otras cosas, para saber si es viable o inviable. El tema es que la propuesta va a caer en la Fiscalía de Estado y Asesoría de Estado, (el actual titular es Ricardo Canet y también fue tratada por el anterior ,César Mosso Giannini). En estas reparticiones, esta todo mal para nosotros. Sin embargo, en la entrevista, tanto Yazlli, como Sorroche, nos dijeron que algo nuevo ocurrió; por ejemplo que se ha presentado gente, que tiene títulos para que se los expropien, porque afectado por la ley. A lo cual nosotros decimos que ellos, el gobierno, expropien a quien quiera pero que cumplan con la ley 6920. Y además la exigencia que le pedimos es que por lo menos cumplan urgente con el traspaso de las tierras a nombre del gobierno en lo que dice la ley, artículo 4. Nosotros sabemos que si hacen eso, cortamos los problemas judiciales de los que ya tenemos muchos y las invasiones a los terrenos. Hemos pedido ese gesto, que le expliquen al Gobernador lo que pasa. Más allá que le vamos a pedir una audiencia al Gobernador, como corresponde. Que haya un gesto que modifique, esta rueda, entre fiscalía y asesoría que no conduce a nada. Que impiden, retardan el problema. Intentaron llevarnos de nuevo a lo mismo, a lo que nosotros contestamos que lo único que queremos es que se cumpla la ley de expropiación…”, concluyó el dirigente.
Finalizó el reclamo con aplausos y la satisfacción de haber dado un nuevo paso hasta conseguir lo que les corresponde por derecho ancestral histórico: las tierras que les fueron usurpadas y de las cuáles, pasan los gobiernos , pero, no hay respuestas a los reclamos.
Conclusiones
Desde nuestra revista, que salió en 2001, venimos acompañando, estos reclamos, por lo tanto,conocemos aspectos importantes de este camino recorrido por las comunidades Huarpes. Por ello, después de esta jornada y teniendo en cuenta la perspectiva histórica, estoy en condiciones de tener conclusiones propias de lo que sucede, a saber.
- La Ley 6920, sancionada en 2001, es muy sabia, contempla todos los aspectos, no hay dobles lecturas; ordena al poder político, que la provincia debe hacerse cargo de la expropiación e inmediata restitución a las comunidades.
- A los funcionarios anteriores y actuales, les cuesta (o no quieren) comprender la lógica de la propiedad comunitaria de la tierra; se empecinan en la propiedad privada.
- Tanto Fiscalía, como Asesoría de Estado, funcionan como organismos, a favor de los grupos económicos particulares mendocinos, en desmedro de los derechos Huarpes. En la reunión se dieron ejemplos de ello.
- Los Huarpes, son tratados como si fueran extranjeros, usurpadores, cuando en realidad son los que históricamente fueron despojados y agredidos por este sistema.
- Definitivamente, los gobiernos no quieren cumplir con la ley 6920; por eso las dilaciones,la burocracia, el engaño y en casos la burla hacia las comunidades.
- Esta camada de referentes Huarpes, poseen,como nunca antes visto, un gran conocimiento histórico,antropológico, jurídico y político de sus derechos; por ello, más tarde o más temprano, no me caben dudas, van a a recuperar las tierras de las que fueron despojados.
Rubén Esper Ader – Revista La Vena
*Art. 3. “Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación la fracción de terreno que se encuentra comprendida entre los límites y demás circunstancias que se detallan en el anexo I y descripción de los titulares registrales que se detallan en el anexo II, los que deberán acreditar mejor derecho, en el caso de superposición de títulos. Estos anexos forman parte integrante de la presente ley.”
*Art. 4 de la mencionada ley, que dice: “Encomiéndese al Poder Ejecutivo Provincial la inscripción de los terrenos individualizados anteriormente, a nombre de la provincia de Mendoza”.
