LA INFORMACIÓN, BASE PARA LA ACCIÓN
El impulso que tienen lxs ambientalistas, las organizaciones sociales y lxs autoconvocadxs que están en lucha en varios puntos de Argentina y el Abya Yala, lxs enfrenta a desafíos políticos mayores.
En el caso de Mendoza, quedo demostrado que se pudo dar vuelta una decisión política, una alianza entre un gobierno, UCR-PRO y la principal oposición P.J, que juntos, sacaron el 87% de los votos en las últimas elecciones.
El 20 de diciembre de 2019, esta alianza festejaba la sanción legislativa de la ley 9.209, llamada vulgarmente, la ley del cianuro. Y solo 10 días después, el 30 de diciembre, ambas cámaras, debieron derogar esa ley, restituir y dar plena vigencia la ley anterior, la 7722.Pero no fue, una reacción inesperada. Fue una marea humana, un desborde de energía en acción, un incontenible envión que no se detenía, al contrario, iba incrementándose, día tras día.
Y una prueba de ello, es que el día 26/12 en horas de la noche, el Gobernador Rodolfo Suárez, a través de los medios de televisión amigos, expresa la suspensión de la nueva ley, la 9209,“para” crear un diálogo abierto y lograr consenso social”. La ciudadanía no le creyó.
Se convoco y autoconvoco a un banderazo provincial para el 29 y una nueva concentración para el día 30.
Ante esa nueva respuesta popular, el Gobernador decide el viernes 28, solicitar a la Legislatura, la definitiva derogación de la norma, para “garantizar la paz social” y restituir la 7722, tal cual estaba.
Lejos de confiar, en los dichos del Gobernador, las actividades se mantuvieron, como fueron programadas y así se llevaron a cabo.
Es cierto que la causa, que impulsaba la rebelión ciudadana era superior: el agua, elemento vital para la vida. Pero no quedó ahí. La con-ciencia sobre el peligro de la contaminación y el saqueo de los recursos naturales continúa y está latente.
Por eso, en estos días, recrudece el rechazo al fracking y otra bandera de lucha asoma: la democratización del agua. Para lograrlo, un requisito fundamental es tener acceso a la información de los organismos públicos,como Irrigación y Aysam.
El presidente es Alejandro Gallego; y la empresa Aysam, se presenta así en su página web https://www.aysam.com.ar/ : “somos la empresa prestadora de servicios de agua potable y saneamiento más grande e importante de la provincia. Abastecemos de agua potable a más de 400.000 clientes en todo el territorio mendocino. Nuestro compromiso de calidad incluye contar con un sistema de gestión ágil y moderno que nos permite atender todas sus necesidades. Ofrecemos atención personalizada y disponible las 24 horas, los 365 días del año”. No parece una prestación de tanta calidad.
En el caso de Irrigación, el superintendente es Sergio Marinelli y los 5 consejeros que están en observación http://www.irrigacion.gov.ar/dgi/ : Contador,César Bernués (Río Diamante), Gustavo Villegas (Río Atuel), Lic. Etnología, Facundo Cahiza (Río Tunuyán Inferior), Ing. Alejandro Gennari(Río Mendoza) y Omar Sorroche (Río Tunuyán Superior)
¿Cuál es la función de estos consejeros y cuál es su postura con respecto a la megaminería y el fracking? ¿Cuáles son los alcances de su rol de “consejeros”? ¿Cómo se distribuye el agua en Mendoza? ¿Qué criterios se utilizan? ¿ Cuáles son los convenios entre las empresas privadas y los organismos públicos en la prestación de agua? ¿A qué barrios se está privilegiando? ¿Qué controles se ejercen con los clubes, barrios privados, y empresas? ¿Qué posibilidades se abren para que los regantes y productores, tengan representación y control allí?
La ciudadanía va por más. A disputar el poder de decidir.
Y no es poco en la hasta hace semanas, apacible sociedad mendocina.
