La oscuridad de los que gobiernan
Lograron ponerse de acuerdo, el Gobernador Suárez y la mayoría del partido justicialista, para voltear la ley 7722 , la norma, protectora del agua mendocina. La población, indignada por estas maniobras se movilizará el viernes 20, desde las 7hs; durante todo el día, frente a la Legislatura.
Los únicos que se oponen a la reforma, son el FIT y Protectora. Y la mejor palabra para caracterizar esta infamia, es voltear, porque lo que ellxs llaman “modificaciones”, solo es adecuarla, para que avancen en la provincia, el extractivismo, de la mano de la megaminería y del fracking.
LAS RAZONES DEL RECHAZO A LA PROPUESTA
Leyendo el proyecto de 17 hojas, que envió el ejecutivo, y solo para marcar los principales desaciertos, apuntamos lo siguiente:
- Zonificación. Pretenden dividir la provincia, en zonas mineras y no mineras. Sin tener en cuenta los estudios previsibilidad de daños, ni la aceptación de las poblaciones.
- Declaración de impacto ambiental. Le quitan poder a la legislatura. Le sacan, poder de control, seguimiento y pronunciamiento sobre los emprendimientos megamineros. El ejecutivo con su secretario de Ambiente, deciden todo.
- Licencia social. Lxs propixs legisladorxs están entrampados, en cómo “medir”, los departamentos que tienen o no tienen el consenso para realizar la actividad. De todas maneras, el gobierno no puede asegurar, que ningún departamento acepte la megaminería.
- Las cuencas hídricas. Desconocen la realidad geográfica, la interdependencia entre ríos y montañas. Por ejemplo el río Atuel. ¿Alguien puede asegurar y confiar, que si hubiera megaminería en Malargüe, no se afectaría a Alvear y San Rafael? Claro que no. Los residuales, de los desechos van a parar a las napas subterráneas de los cauces de agua, además que recorre los afluentes, perjudicando, a los departamentos ineludiblemente del Sur, La Pampa y Provincia de Bs. As. ¿ Pueden asegurar que de haber minería en Uspallata, los residuos tóxicos, no van a contaminar al río Mendoza y a la población del Gran Mendoza ?
- Fondo de compensación. Proponen financiar con el 50%, obras de impermeabilización de cauces de agua, para evitar el derroche. Según dicen, sería de las regalías mineras. ¿El 50% de qué monto? ¿De 1000 pesos? ¿De 50.000 pesos? El proyecto no tiene previsibilidad y estimación clara del dinero que le entraría a la provincia, para financiar estas acciones. Si sabemos, por experiencias en otras provincias, que las mineras se llevan el 97% y dejan, solo el 3% a la provincia.
- Creación de la policía ambiental de las actividades extractivas. Estaría a cargo de la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento territorial, comandada por un personaje muy cuestionado, como Humberto Mingorance. En provincias mineras como Salta, Catamarca y San Juan, los controles no existen. Las mineras son gettos y enclaves, “pequeñas ciudades”, con policía propia. Provincias empobrecidas, donde el derrame de la riqueza extraída a la naturaleza, nunca llegó. ¿ Por qué Mendoza seria la excepción?
- Sustancias químicas. En las hojas 9 y 10 del proyecto, hace mención a las sustancias químicas. Cita la ley nacional 27.356 y los controles del SEDRONAR. Estás citas, le abren la puerta, a la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas, que en “dosis adecuadas”, optimizan nuestra calidad de vida. Una irresponsabilidad total.
En este análisis preliminar, se puede observar, por que quieren “modificar y mejorar” la ley 7722. Justamente porque limita, prohíbe, reglamenta, y protege el agua de lxs mendocinxs, por sobre todo interés sectorial o económico. Por todos estos argumentos, está claro, que la industria extractiva no es sustentable.
No escuchan las razones de la comunidad científica. No atienden los informes de las universidades. No escuchan poblaciones de Alvear, San Rafael, San Carlos y otros. No escuchan a la Iglesia; ni a las asociaciones de productores. No escuchan voces de la industria madre: la vitivinicultura. No escuchan a lxs ambientalistas, con larga trayectoria en estos temas. No atienden los argumentos legales de los abogados ambientalistas. Simplemente, no escuchan.
Esta medida a las apuradas, del Gobernador Suárez, no tendría en cuenta dos hechos fundamentales: la reacción de la población y los mensajes de la naturaleza. En el primer caso, tenemos la experiencia del 2007, cuando se sancionó la ley 7722. Como sucede ahora, el gobierno del Ingeniero Cobos, sostenía, que la protesta, era de un “grupito de ambientalistas”; pero se llevaron una sorpresa, cuando poblaciones enteras, como San Carlos y Alvear, Uspallata, por ejemplo,reaccionaron, protestando y cortando rutas, para ser oídos.
Y con respecto a la naturaleza. Mendoza, hace 10 años que está en sequía, y tiende a acentuarse. Las lluvias son pocas, y nieva cada vez menos. El dique Potrerillos y Los Reyunos, son testimonio de ello teniendo la cota de su capacidad a la mitad de sus posibilidades. Además todos, los días, hay cortes de agua en barrios de Las Heras, Luján o Guaymallén.
¿Cómo pensar en destinar una gota de agua para la megaminería y fracking? Es una locura.
Hoy, en la Plaza Independencia, en una Asamblea multitudinaria, con más de 100 participantes, de organizaciones sociales, ambientalistas y políticas, se consensuaron, aspectos organizativos de la movilización del próximo viernes.
La población, no se va a quedar quieta. Va hacer oír, su protesta y descontento.
Revista La Vena, presente allí, escucho, expresiones como estas: “Soy Walter, maestro, no puedo seguir enseñando que el agua es un bien social y un derecho humano y permitir este saqueo a lo que nos somete este gobierno…”. Una joven, de 18 años, Mariela, nos decía: “Busco trabajo, pero no me creo el verso de las inversiones y empleo de las mineras: vienen a saquear nuestros bienes comunes y a dejarnos más miseria y sin agua…el gobierno es cómplice de ese despojo…”, concluyó.
